Cabe mencionar que el esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio consiste en aplicar a la base imponible (valor de los bienes menos el importe de las deudas) la reducción por mínimo exento, de ello resultará la base liquidable a la que se aplicará el tipo de gravamen, obteniéndose la cuota íntegra. Finalmente para calcular el importe a ingresar a la cuota íntegra se aplicará la reducción por límite conjunto con el IRPF, deducción por impuestos extranjeros y la bonificación general de la cuota íntegra.

Partiendo del mencionado esquema, las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley, son:

• Se suprime la bonificación general en la cuota del 100%.
• Se amplia el importe de la exención de la vivienda habitual aplicable en la base imponible a 300.000,00 euros, manteniéndose el resto de exenciones tal y como estaban en la normativa anterior.
• Para los residentes en territorio español, la base imponible se reducirá en concepto de mínimo exento en el importe que haya sido aprobado porla ComunidadAutónomarespectiva donde tenga su domicilio o residencia habitual. Cuandola ComunidadAutónomano hubiese regulado el mínimo exento, la base imponible se reducirá en 700.000,00 euros.
• Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones, resulte a ingresar, o cuando aún no resultando a ingresar (por estar la mayoría del patrimonio exento, por ejemplo), el valor de sus bienes o derechos resulte superior a 2.000.000,00 euros.
• Por lo que respecta al resto de reglas generales del impuesto el Real Decreto-Ley se remite a la normativa anterior, manteniéndose la misma escala de gravamen del 0,2% al 2,5%.

No obstante, hay que tener en cuenta que el Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas pudiendo éstas asumir competencias normativas sobre el mínimo exento aplicable en la base imponible, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota, que se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado, conforme establece el artículo 47 dela Ley22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatutos de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En este sentido, son varias las Comunidades Autónomas que tienen en sus normativas mínimos exentos, aplicables en la base imponible, muy inferiores a los 700.000,00 euros que ha establecido el Real Decreto-Ley, entre las que se encuentran Baleares  y Canarias, cuyo mínimo exento es de 120.000,00 euros, o Cataluña y Galicia, cuyos mínimos exentos son 108.000,00 euros y 108.200,00 euros, respectivamente.

Además hay otras regiones en las que no se tributará por el impuesto, como es el caso de Madrid, en el que el artículo 2 dela Ley10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, establece una bonificación autonómica del 100%, aplicable con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas en la normativa estatal, o el caso de Navarra.

De esta forma, dependiendo dela ComunidadAutónomaen la que resida el sujeto pasivo, la tributación puede variar, sin perjuicio, de que las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan ejercer sus competencias normativas respecto de la regulación del impuesto.

Orden Penal: se introducen ciertas modificaciones relativas a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para ello se introducen ciertas modificaciones enla Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el siguiente sentido:

El conocimiento y fallo de un delito dependa de la gravedad de una pena, se atenderá a la pena prevista para personas físicas aún cuando el procedimiento sea contra una persona jurídica.

La imputación de una persona jurídica se realizará:

a)      La citación se hará en el domicilio social, requiriendo a la entidad para que nombre un representante, así como Abogado y Procurador.

b)      La comparecencia se practicará con el representante designado por la persona jurídica, y el Juez informará a éste de los hechos delictivos imputados.

La incomparecencia del representante designado no impedirá la celebración del acto de investigación o de prueba anticipada, que se sustanciará con el Abogado defensor.

En cuanto a la declaración de los procesados: cuando se impute a una persona jurídica se tomará declaración al representante designado. La incomparecencia de la persona designada determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho de no declarar.

Respecto de las medidas cautelares: las medidas cautelares que se pueden imponer a una persona jurídica son las previstas en el Código Penal. La medida se acordará previa petición de parte y celebración de vista. El auto que decida sobre la medida cautelar será recurrible en apelación.

En cuanto al domicilio, tratándose de personas jurídicas imputadas, se reputará como tal el espacio físico que sea el centro de dirección de las mismas, ya sea domicilio social o establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.

En cuanto al Juicio Oral, el representante designado podrá declarar en nombre de la persona jurídica, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del Juicio. Su incomparecencia no impedirá la celebración de la vista.

Respecto del Procedimiento contra Reos Ausentes, se dice que la persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria (acto de comunicación por el que se busca y se llama a aquellos procesados que no pueden ser hallados en su domicilio, o que están fugados, con el fin de que comparezcan ante la autoridad competente) cuando no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de domicilio social desconocido.

En la requisitoria de persona jurídica se harán costar sus datos, delito imputado y obligación de comparecer ante el Juez. Dicha requisitoria se publicará en BOE y, en su caso, en BORME, o en un periódico o diario relacionado con el objeto social. Si transcurre el plazo y no comparece, se la declarará rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión.

Orden Contencioso-Administrativo: se modifican determinados preceptos relativos a la prueba para reducir trámites y dotar de mayor agilidad a esta fase del proceso. Se introduce en el procedimiento abreviado la posibilidad de evitar la celebración de vista cuando no se pida por las partes el recibimiento del pleito a prueba. Así se evitará que los recursos tengan que esperar hasta más de dos años para la celebración de la vista.

Se eleva a 30.000 euros la cuantía de los asuntos para el procedimiento abreviado.

Se introducen importantes modificaciones en materias de recursos.

Se modifica la regulación de las denominadas medidas cauteladísimas.

Competencia: Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, será competente, a elección del demandante, el juzgado o tribunal del domicilio del demandante ó donde se halle la sede del órgano autor del acto impugnado. Si el recurso fuera contra actos de las Administraciones Autonómicas o Locales, la competencia se limitará al TSJ en que tenga sede el órgano que dictada el acto impugnado.

La Prueba: Solamente se podrá pedido el recibimiento del pleito a prueba mediante Otrosí, expresando los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba propuestos. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos, el recurrente podrá pedir recibimiento a prueba dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se le de traslado del escrito de contestación.

El plazo para practicar la prueba será de 30 días.

Procedimiento Abreviado: Se aumenta la cuantía hasta los 30.000 euros (anteriormente era 13.000 euros). Además, la parte actora puede pedir mediante otrosí que el recurso de falle sin necesidad de prueba ni vista, y se dará traslado al contrario/s para que en 20 días contesten a la demanda; podrá la demandada oponerse a esta petición, solicitando celebración de vista, siempre que lo haga dentro de los 10 primeros días de entre los 20 concedidos para contestar la demanda.

Recurso de Apelación: se aumenta la cuantía hasta los 30.000 euros (antes era de 18.000 euros).

Recurso de Casación: Aumenta la cuantía desde 150.000 euros a 600.000 euros. En cuanto al Recurso de Casación para la unificación de doctrina, sube la cuantía de los 18.000 euros a 30.000 euros.

Medidas Cautelares: Cuando los interesados aleguen la concurrencia de circunstancias de especial urgencia para la adopción de medidas, el juez sin oír a la parte contraria podrá, en el plazo de dos días, adoptar la medida o denegarla. Contra este Auto no cabrá recurso alguno. Sin embargo, en dicho Auto dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de 3 días alegue lo que estime, o bien convocará a las partes a una comparecencia. Una vez realizado alguno de estos trámites (alegaciones o comparecencia), el juez dictará auto sobre le levantamiento, modificación o mantenimiento de la medida adoptada.

Sino se aprecian las medidas de urgencia, el trámite para la adopción de medidas cautelares será el ordinario.

Costas: El órgano jurisdiccional al dictar sentencia o resolver por auto algún recurso o incidente, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que se aprecio o así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o derecho.

Orden Civil: se excluye expresamente dentro del concepto de costas del proceso el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al tratarse de un gasto necesario para demandar.

Se extiende el sistema de juicio monitorio a los juicios por desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición, se pase directamente al lanzamiento, evitándose la celebración de la vista.

Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de cuantía, cuando ésta no supere los 3.000 euros.

Se suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos (apelación, revisión, casación, recurso extraordinario por infracción procesal, queja), esto es, ya no hay que anunciar el recurso y posteriormente formalizarlo, sino que se interpondrán exponiendo debidamente las alegaciones, dando como plazo el de 20 días para ello, salvo para el de queja, que será de 10 días.

En cuanto a la casación, se procede a una modificación en cuanto a las resoluciones recurribles por la cuantía, ascendiendo ésta a 600.000 euros

Respecto a la ejecución de sentencias, se aclaran aspectos relativos a la relación entre la ejecución especial hipotecaria y la ordinaria, precisando la forma en que la ejecución especial pase a convertirse en general, dirigida contra todo el patrimonio de los responsables.

Se reducen trámites de sustanciación de las tercerías de dominio y de mejor derecho, que ahora se ventilarán por el juicio verbal en lugar del ordinario actual, con el objeto de no dilatar los procedimientos y proceder a su agilización.

En cuanto a las subastas de bienes muebles, se limita la adjudicación de bienes al acreedor ejecutante (y cesión del remate o adjudicación a tercero) a una cantidad nunca inferior al 30% del valor de tasación.

Se acoge expresamente al arrendamiento de bienes muebles en el proceso verbal, ya previsto para el contrato de arrendamiento financiero y de venta a plazos de bienes muebles.

Se introduce la preferencia en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, en los casos en que alguno de los interesados sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.

Se suprime el límite cuantitativo del procedimiento monitorio, que antes estaba en 250.000 euros, con el fin de evitar limitaciones de acceso a este procedimiento, pudiéndose acudir, desde que la ley entre en vigor, para exigir el pago de una deuda dineraria de cualquier importe.

Entrada en vigor: 1 de noviembre de 2011.

En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, dichas medidas se regulan en el artículo 9 y van dirigidas a las más grandes empresas, concretamente:

1)        Pagos Fraccionados: con efectos exclusivamente para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013, se modifica el modifica el porcentaje previsto en el artículo 45.4 LIS, para la modalidad de pago fraccionado sobre la parte de base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, según el volumen de operaciones de las empresas (calculado conforme a la normativa del IVA), durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos en 2011, 2012 y 2013:

a)        Si el volumen de operaciones NO ha superado 6.010.121,04 de euros (no es gran empresa: se mantiene el porcentaje resultante de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen, regulado en la LGPE (Ley 39/10 art.73).

b)        Si el volumen de operaciones SI ha superado 6.010.121,04 de euros (gran empresa), el porcentaje varía según:

• Si resulta inferior a 20 millones de euros: igual letra a).
• Entre 20 millones y menos de 70 millones de euros: el resultado de multiplicar 8/10 por el tipo de gravamen.
• 70 millones de euros ó más: el resultado de multiplicar por 9/10 el tipo de gravamen.

Estas modificaciones para el cálculo de los pagos fraccionados no son aplicables a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya vencido el 20/08/11.

2)        Compensación de Bases Imponibles Negativas (BINs):

Por un lado, y con efectos exclusivamente para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013, se establecen límites a la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores, según el importe neto de la cifra de negocios (INCN) en el ejercicio de las empresas, así:

a)        Si el INCN en el ejercicio resulta entre 20 y 60 millones de euros: la compensación de BINs se limita al 75% de la base imponible previa a dicha compensación.

b)        Si el INCN en el ejercicio supera los 60 millones de euros: la compensación de las BINs se limita al 50% de la base imponible previa a dicha compensación.

 Y por otro lado, respecto al plazo de compensación de las BINs, se amplía de 15 a 18 años, para todas las empresas, y resulta aplicable a las BINs que estuviesen pendientes de compensar al inicio del primer período impositivo que empiece a partir del 01/01/12.

En lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, la Disposición Transitoria cuarta del presente Real Decreto-Ley adopta una medida de carácter temporal con el objetivo de incentivar la adquisición de viviendas durante el período que resta de 2011, así:

1)        Con vigencia exclusiva desde el 20 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2011, las entregas de inmuebles destinados a vivienda se beneficiarán del tipo superreducido del 4% en lugar del 8%.

2)        El tipo del 4% resulta aplicable a las entregas de edificios o partes de los mismos aptos para su utilización para viviendas, incluidas plazas de garaje con un máximo de 2 unidades y anexos que se transmitan conjuntamente con la vivienda. (No se aplica a los locales de negocio ni a las edificaciones destinadas a su demolición).

3)        Los pagos anticipados realizados durante dicho período de 20 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2011, correspondientes a entregas de viviendas, tributarán igualmente al tipo del 4%, con independencia de que la entrega del inmueble (y escrituración) se produzca con posterioridad al 31 de diciembre de 2011, atendiendo a los criterios de devengo del Impuesto.

Madrid, septiembre 2011

La vicepresidenta Elena Salgado alardeó de que volver a instaurar el Impuesto de Patrimonio era un proceso que sólo requería de 24 horas. Sin embargo, las consecuencias de esta decisión llevarán de cráneo a los fiscalistas durante 24 meses. De momento, se ha abierto la puerta a una guerra entre CCAA que pondrá en jaque el mapa fiscal español. Hay al menos cinco regiones que tienen legislación vigente sobre este Impuesto y que cuentan con mínimos exentos muy inferiores al aprobado por el Ejecutivo (700.000 euros), que golpean de lleno a las clases medias.

El Real Decreto-ley por el que se restablece de Patrimonio contiene una modificación en su artículo 28 que establece dichos 700.000 euros sólo en el caso de que “la comunidad autónoma no hubiese regulado” sobre la materia. Hay once regiones que ya tenían una regulación propia en este sentido y que ahora vuelve a ser válida, salvo que se legisle en sentido contrario. La dispersión es máxima. En cinco regiones, el mínimo exento que está aprobado se sitúa entre 108.000 y 150.000. Se trata de Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña y Galicia, según los datos recabados por este diario.

Hay tres regiones que quedan al margen de esta fiscalidad. Madrid, que tiene bonificado el 100% del tributo, y Navarra y País Vasco, donde se aplica el régimen foral.

Y para colmo, hay otras tres en las que se produce un hecho singular: se fijó un mínimo exento que beneficiara sólo a los discapacitados. El resto quedaban sujetos al régimen general, que ha sido mejorado con el Real Decreto-ley. Así, la legislación actual deja en una situación de agravio comparativo a los propios discapacitados.

Los expertos consultados por este diario consideran que este tipos de cuestiones serán subsanadas en posteriores acuerdos parlamentarios en cada autonomía. Pero lo cierto es que el Real Decreto-ley aprobado en el BOE, a la espera de su convalidación parlamentaria, obliga a todas estas regiones a aprobar una nueva norma a la carrera que ajuste su fiscalidad de los dos próximos años. En muchas de estas regiones puede existir la tentación de mantener unos niveles que sí golpean de lleno a la clase media.

Además, se produce un efecto añadido de competencia fiscal. Las regiones que más bonifiquen el impuesto, como Madrid, podrán disfrutar de otro proceso de fuga de capitales, como ya ocurrió con el Impuesto de Sucesiones. Para Francisco de la Torre, portavoz de los Inspectores de Hacienda, “no se puede gestionar un documento con estas diferencias”. En caso de que no se “armonicen” los resultados no serán los deseados. Además, mostró su sorpresa por el hecho de una decisión de este estilo no fuera aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las CCAA desojan la margarita a la espera de las elecciones. De un lado, pérdidas millonarias si se adaptan a la reactivación; de otro, la amenaza de Blanco y Rubalcaba de que perderán la compensación. Los despachos recomiendan a los clientes tributar por el mínimo estatal y pleitear si hay problemas.

“No es razonable que el impuesto se cobre dos veces”
Por Bernat García, desde Barcelona
Improvisación al poder. El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró ayer a la vez que José Blanco que las comunidades no cobrarán dos veces Patrimonio. “No es razonable, no puede ser”, repitió en un foro de El Periódico de Catalunya en Barcelona. “Ya buscaremos una fórmula para que no lo hagan, como un decreto ley o una liquidación pactada”, aseguró, contradiciendo a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien defendió el sábado que la primera opción es imposible.

Rubalcaba se hizo posteriormente otro lío: el líder del PP, Mariano Rajoy, le acusaba ayer mismo de mentir por decir que el Gobierno destinará los ingresos a crear empleo, aunque sea de competencia autonómica. “Se pueden bonificar 300.000 empleos, da igual que los haga el Estado o las autonomías, seguro que es la prioridad”, asumió Rubalcaba. Por otro lado, reconoció que la reinstauración de este tributo es un parche. “No está bien diseñado y hay que rediseñarlo”, aseguró, aunque, mientras eso no ocurra, defendió los ingresos que aportará, de 1.000 millones. “Hay que buscar ingresos donde no los hay”, afirmó. Otra de las propuestas lanzadas ayer es la creación de una Oficina Antifraude para combatir el fraude.

Fuente: Expansión.com

El próximo martes 26 de julio acaba el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010. Las novedades en la libertad de amortización, las operaciones vinculadas y la amortización del fondo de comercio son las principales cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de declarar este impuesto, según el informe fiscal elaborado por el despacho de abogados, Equipo Económico.

Cambios normativos en la libertad de amortización. 
Según Salvador Ruiz Gallud, socio del despacho, “las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, puestos a disposición del sujeto pasivo iniciados dentro de los años 2009 a 2015 pueden ser amortizados libremente”. “Para 2009 y para 2010 –hasta el 2 de diciembre– se exige además el requisito de mantenimiento del empleo durante los 24 meses siguientes al inicio del ejercicio”, señala el documento.

Una de las cuestiones más llamativas que señala Gallud es que “existen argumentos para aprovechar el incentivo fiscal, en situación de bases imponibles negativas, no tanto para acelerar las amortizaciones, sino para no practicarlas”. Es decir, las empresas pueden, en tiempos de crisis, reducir las pérdidas contables.

Amortización del Fondo de Comercio Financiero.
La legislación nacional permite todavía en las operaciones extracomunitarias la amortización del fondo de comercio financiero. Esto es, la deducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de un 5% anual durante veinte años, del precio satisfecho en exceso respecto del valor teórico contable de la sociedad adquirida (en la parte no imputable a un mayor valor de sus activos.

La UE ha puesto freno a esta deducción en partes: primero en las adquisiciones de empresas comunitarias (una normativa que ya está traspuesta en los Presupuestos del Estado de 2011).

Bruselas ya ha limitado también la deducción en las operaciones extracomunitarias (considerando esta fórmula como ayudas de Estado).

El documento de Equipo Económico insiste en que, en el caso de las operaciones comunitarias, “en general, sólo para adquisiciones anteriores a 21 de diciembre de 2007 no habrá duda de que puede continuar aplicándose”. En el caso de las operaciones fuera de la UE, sólo se permiten cuando se aborden participaciones mayoritarias en empresas establecidas en China, India y en otros países que impidan las fusiones. Sin embargo, la normativa española, a la espera de los Presupuestos de 2012, aún no ha traspuesto la segunda limitación de la UE.

Operaciones vinculadas.
El Tribunal Supremo ha decidido en un Auto de 8 de febrero de 2011 elevar cuestión de inconstitucionalidad respecto de las obligaciones de documentación, lo que dificulta que las sanciones sean efectivas, por lo que los fiscalistas señalan que, si a una empresa le sancionan por defectos en el papeleo, conviene recurrir.

“Es necesario un cambio en la ley”, señalan. Asimismo, el informe indica que “la interpretación de la Administración tributaria podría trasladar la responsabilidad del riesgo fiscal por operaciones vinculadas desde los fiscalistas a los responsables financieros de las empresas”.

Fuente: Expansion.com